GARZÓN QUIERE HACER JUSTICIA, ¿LE DEJARÁN?

Baltazar Garzón ha sido y sigue siendo uno de los mejores jueces que han existido en nuestra corta etapa democrática. Su paso por la política engañado por los socialistas de sigla enturbió su trayectoria intachable. Tuvo contra las cuerdas al genocida Augusto Pinochet, pero la burocracia británica y la amistad del criminal con la antigua primera ministra Margaret Thatcher le salvaron de ser juzgado por el juez Garzón por crímenes contra la humanidad.
Garzón siempre ha sido un juez valiente y ejemplar, características que no gustan en absoluto a los altos cargos políticos y al poder en la sombra. Es el primer juez que por fin quiere hacer justicia después de tantos años de silencio e impunidad contra las atrocidades que se cometieron en nuestro país durante 40 años de cruenta dictadura totalitaria franquista y la sanguinaria guerra civil que le precedió y que derrocó al estado democrático republicano.
El auto del juez Garzón en el que se declara competente a la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes del franquismo y la guerra civil abre un antes y un después en nuestra madurez democrática. Como ocurrió en Argentina y Chile antes, las leyes de punto y final (aquí en España llamada ley de Amnistía)que proponían echar un manto sobre todos los crímenes que se produjeron antes en aras de mirar hacia delante, quedan abolidas. Una de las bases y pilares importantes de cualquier estado democrático moderno es la Justicia. Más vale tarde que nunca, y si los miles y miles de familiares de asesinados durante el franquismo y enterrados en fosas desperdigadas por toda la geografía nacional pueden recuperar a sus seres queridos y que se juzguen sus crímenes para reconfortarlos moralmente, todo esto habrá merecido la pena. Está claro que en este proceso no se trata de meter a nadie en la cárcel, ya que los pocos falangistas que quedaran vivos no irían por su avanzada edad, pero sí valdría para imponer esa pena moral y que la historia sepa lo que esta gentuza y panda de asesinos fue, esta escoria que hoy día sigue teniendo calles y monumentos en su nombre.
En el auto del juez Garzón caben destacar algunas cosas:
En primer lugar, debe resaltarse que los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad (artículo 607 bis del Código Penal actual).

En segundo lugar, debe resaltarse que la acción de la justicia y, por ende la de este Juzgado Central de Instrucción, se produce con el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron actos violentos execrables,masacres y gravísimas violaciones de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase, y, sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos por tales circunstancias.

Desde luego, con este procedimiento no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil española; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal del instructor, ya que ello supondría la formación de una especie de causa general.
Causa general que sí se formó, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, recién acabada la guerra y que tuvo por misión abrir, desarrollar y concluir una exhaustiva y minuciosa investigación de carácter judicial a escala nacional que analizó lo ocurrido en cada localidad entre Febrero de 1936, e incluso en algunas casos desde Octubre de 1934, hasta la finalización de la ocupación, y, que documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del llamado “terror rojo”. El propósito de estas Diligencias es mucho más moderado y se concreta en el tema de la desaparición forzada de personas, sin despreciar todos y cada uno de los datos e información que ayuden a formar la convicción sobre los hechos denunciados.

Un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes tales como la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de Febrero de 1939(1), tanto durante la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952.

La represión se llevó a cabo a través de dos vías: el Bando de Guerra y los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia.
Miles de personas fueron inscritas en los Registros Civiles con la causa de muerte: “Aplicación del Bando de Guerra”; pero un número mucho mayor de personas quedaron sin inscribir en tales registros. Personas detenidas, muertas y desaparecidas hasta el día de hoy.
A efectos de esta investigación, la represión, cuyos resultados se investigan, se podría dividir en tres etapas bien definidas:
1a)La de represión masiva a través de los Bandos de Guerra y que comprende desde el 17 de Julio de 1936 a Febrero de 1937.
2a)La de los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia entre Marzo de 1937 y los primeros meses de 1945.
3a) La acción represiva marcada por la eliminación entre 1945 y 1952 de guerrilleros y personas que les apoyaban.
Y por supuesto para todos aquellos que siempre argumentan y pretenden justificar una guerra civil y cuarenta años de brutalidad franquista con los crímenes de Paracuellos del Jarama y con que si se juzga al franquismo habría que juzgar también a Santiago Carrillo por estos supuestos crímenes que ellos dicen que cometió, el Juez Garzón lo deja muy claro en el auto:
En este punto debe hacerse una referencia breve a las Diligencias Indeterminadas 70/1998 de este Juzgado tramitadas en su día por el supuesto crimen de Paracuellos del Jarama, contra Santiago Carrillo y otros. La inconsistencia de las denuncias y planteamiento de la acción penal iniciada determinó su rechazo en esta instancia y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Los hechos allí denunciados, sin restar un ápice a la importancia,trascendencia y gravedad de los mismos, no podían determinar la apertura de un procedimiento porque, tras la finalización de la contienda civil, tales hechos se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas. Y además, nunca se pretendió con tales hechos atentar contra Altos Organismos de la Nación y por ende la competencia nunca sería de este Juzgado ni de la Audiencia Nacional, sino del Juez competente en razón al lugar en el que se cometieron los hechos.
Las disposiciones finales del auto judicial son las siguientes. Cabe destacar como curiosidad la petición del juez del acta de defunción de una lista de criminales encabezada por el Caudillo para exonerarles de cualquier responsabilidad penal al haber fallecido, asi como una lista de los dirigentes de Falange Española entre el 17 de Julio del 36 (un día antes del alzamiento) y el 31 de Diciembre del 51 que aún siguieran con vida. La fiscalía general del estado va a apelar este auto por considerar que los hechos juzgados han prescrito ya que son anteriores a los juicios de Nurenberg y anulados también por la ley de amnistía de 1977 en pleno proceso de transición democrática española.
DISPONGO

1. ACEPTAR LA COMPETENCIA para la tramitación de la presente causa, que se llevará por los trámites de las Diligencias Previas, por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la Humanidad.

2. Cursar oficio a los correspondientes Registros Civiles para que APORTEN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, en plazo de 10 días, a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal, por fallecimiento de:

Francisco Franco Bahamonde
Miguel Cabanellas Ferrer
Andrés Saliquet Zumeta
Miguel Ponte Manso de Zúñiga
Emilio Mola Vidal
Fidel Dávila Arrondo
Federico Montaner Canet
Fernando Moreno Calderón
Francisco Moreno Fernández
Germán Gil y Yuste
Luis Orgaz Yoldi,
Gonzalo Queipo de Llano y Sierra
Francisco Gómez-Jordana y Souza
Francisco Fermoso Blanco
Luis Valdés Cabanilla
Nicolás Franco Bahamonde
Francisco de Asís Serrat i Bonastre
José Cortés López
Ramón Serrano Súñer
Severiano Martínez Anido
Tomás Domínguez Arévalo
Raimundo Fernández Cuesta y Merelo
Valentín Galarza Morante
Esteban Bilbao y Eguía
Jose Luis Arrese y Magra
Juan Yagüe Blanco
Salvador Moreno Fernández
Agustín Muñoz Grandes
José Enrique Varela Iglesias
Juan Vigón Suerodíaz
Blas Pérez González
Carlos Asensio Cabanillas
Eduardo Aunós Pérez
Eduardo González Gallarza, y
Francisco Regalado Rodríguez

3. Reclamar del Ministerio del Interior (Secretaría de Estado para la Seguridad), los datos que identifiquen a los máximos dirigentes de la Falange Española, entre el 17 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1951,para una vez identificados, acordar lo necesario sobre la imputación y extinción, en caso de fallecimiento, de la responsabilidad penal.

4. Formar un grupo de Expertos en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto. A tal efecto,requiérase a las partes para que designen, de mutuo acuerdo, a las cinco personas que integren el referido grupo, en un plazo no superior a diez días,que se unirán a las dos que nombre el Juzgado, los cuales deberán aceptar y jurar o prometer el cargo.

5. Formar un grupo de Policía Judicial, en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto, a cuyo fin remítase oficio a la Comisaría General de Policía Judicial para que remita los nombres de los funcionarios, correspondiendo la designación del Jefe del grupo a este Juzgado.

6. Autorizar las exhumaciones que se citan en el Razonamiento Jurídico Decimoséptimo en la forma y con los requisitos que se mencionan en el mismo. A tal efecto, se cursarán los exhortos correspondientes a los Juzgados territorialmente competentes con quienes tendrán que coordinar la actividad los solicitantes y los grupos de expertos y Policía Judicial, para fijar el día de la exhumación y, en su caso, levantamiento de cadáver y traslado de restos, que deberá ser comunicado a este Juzgado. En todo caso y, de estar identificados los lugares, las diligencias deberán practicarse a la mayor urgencia.

7. Practicar las diligencias que se citan en los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 del Razonamiento Jurídico Décimoctavo, según lo que consta en el mismo.

8. No acceder a la práctica de las diligencias 2 y 3 del Razonamiento Jurídico Décimoctavo.Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y restantes partes personadas.

Así lo acuerda, manda y firma D. BALTASAR GARZON REAL,
Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción no 5 de Madrid. Doy fe.-

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-

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